La violencia que se ejerce contra las mujeres constituye sin duda uno de los mayores obstáculos ante los que debe enfrentarse una sociedad democrática que asienta los pilares básicos de su desarrollo sobre los principios de igualdad, libertad y seguridad de sus ciudadanos.

La conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por Naciones Unidas en 1999, supuso el reconocimiento de una dura realidad: El maltrato físico y psíquico que de manera intemporal y continuada se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo, anclado en valores machistas que definen unas relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y que hoy, en pleno siglo XXI, aún persisten en nuestra sociedad.

La reacción de la comunidad internacional en los años 90, marcó un antes y un después en la concepción que se tenía de la violencia de género, pasando de ser un problema estrictamente de ámbito privado, para ser visualizado públicamente como un problema de gran calado social.

La Comunitat Valenciana no fue ajena a esta nueva perspectiva. La creación por el Gobierno del Partido Popular de los Centros Mujer 24 Horas en Valencia, Castellón y Alicante en 1997, significó una apuesta decidida de la Generalitat por impulsar el primer recurso público a nivel estatal desde el que se  presta un servicio de carácter permanente las 24 horas del día, los 365 días del año.

Gracias a esta iniciativa, las mujeres residentes en la Comunitat Valenciana cuentan con un servicio especializado desde el que se les proporciona una atención inmediata, así como el apoyo y la información adecuada a través de un equipo multidisciplinar de profesionales, que vuelcan su esfuerzo en lograr su recuperación emocional y social.

Diez años después de su puesta en funcionamiento, los Centros Mujer 24 Horas han prestado asesoramiento directo en sus dependencias a más de 21.500 mujeres y han atendido 264.871 llamadas a través del número gratuito de atención telefónica. Estas cifras ponen de relieve la gran labor profesional realizada en beneficio de las mujeres víctimas de este tipo de violencia.

Posteriormente, esta respuesta de carácter social, ha sido complementada con otras medidas de carácter judicial y policial de gran importancia y efectividad, como la creación de juzgados especializados y la promulgación en el año 2003 de la Ley Orgánica Reguladora de la  Orden de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica, desde la que se refleja la firme implicación del poder judicial en esta problemática y que configuró un novedoso sistema de coordinación de las instituciones administrativas y los órganos judiciales, estableciendo un procedimiento rápido y ágil dirigido a proporcionar a las víctimas una protección física, jurídica y social de manera inmediata frente a su agresor.

Afortunadamente, podemos constatar que la efectividad de estas medidas es  un hecho. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, del total de denuncias presentadas en los dos últimos años ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en el 76,2% de los casos ha recaído sentencia condenatoria sobre los agresores.

En este sentido, las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, dependientes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, han desempeñado un papel destacable, como unidades de coordinación y de ayuda ante las que las mujeres pueden solicitar este tipo de protección.

Ahora bien, todos estos avances deben analizarse desde la prudencia y el respeto a las mujeres que cada año mueren como causa de brutales agresiones. La realidad es obstinada. En el transcurso de este año, 67 mujeres han sido asesinadas en España por su parejas o exparejas, 10 de ellas en la Comunitat Valenciana.

Como actual responsable del Consell de la Generalitat de las políticas de prevención  y erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres, no puedo sino plantearme  una única reflexión ¿Qué más podemos hacer?.

Hasta la actualidad, necesariamente todas las medidas de atención han ido dirigidas a proteger a la víctima, a la mujer, a la madre,  y a los menores que de manera directa o indirecta sufren este tipo de violencia en el ámbito familiar, y así debemos seguir actuando mientras exista una sola mujer que cada día sufra cualquier tipo de agresión o abuso en cualquiera de nuestros pueblos o ciudades.

Pero la conmemoración un año más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos recuerda que esta lacra social persiste en nuestra sociedad, nos grita a voces que en sociedades supuestamente civilizadas como la nuestra se siguen violando los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida y a la libertad.

Ello debe obligarnos a ir más allá, debe remover conciencias y buscar sensibilidades renovadas. Debe obligarnos a dar un paso más. Es hora de mirar de frente al verdugo, al agresor que vive ajeno a esta realidad que no va con él, que no le afecta en su vida cotidiana, que no le impide acudir a su puesto de trabajo, ni el atender a sus hijos en un clima de normalidad y afecto.

En esta nueva andadura, debemos plantearnos nuevas estrategias que sin dejar de lado la atención que precisen las mujeres y menores víctimas de este tipo de violencia, nos permita poner en marcha nuevos mecanismos de prevención y dispositivos de seguridad que salvaguarden su integridad física y garanticen su completa protección, hasta que la justicia y la ciudadanía decidan si sus maltratadores son capaces de reinsertarse con respeto a nuestra sociedad.